Gobierno, Tercer Sector y agentes sociales acuerdan mejoras en la contratación pública
Firman un código de buenas prácticas para garantizar la calidad de los servicios de atención a las personas.
El pasado 11 de diciembre el Gobierno, la Taula del Tercer Sector, los principales sindicatos, varias patronales del ámbito social y varios colegios profesionales firmaron al Palau de la Generalitat un nuevo Código de Buenas Prácticas en la contratación pública de servicios de atención a las personas. El acto fue presidido por la Vicepresidenta del Gobierno en funciones y Consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté.
El Código es el resultado de un proceso de trabajo compartido entre asociaciones empresariales, sindicados, colegios profesionales y el Tercer Sector Social con la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña en el qué, en base a un objetivo compartido, se ha elaborado un documento que quiere ser un catálogo de orientaciones y pautas a seguir en la tramitación de los expedientes de contratación, dirigido tanto a los órganos contratantes como al conjunto de operadores económicos que participan en las licitaciones.
El sector celebra la firma del código puesto que incorpora por primera vez elementos clave para garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios. Entre otros, destacan:
• Respeto por las condiciones laborales de los profesionales implicados y referencia explícita a las condiciones pactadas en los convenios sectoriales correspondientes en cada caso.
• Limitación explícita de las mejoras contractuales, especialmente las consistentes, directa o indirectamente, a horas de servicio sin coste.
• Se recomienda que el precio no tenga un peso específico superior al 40% y se sugiere una fórmula por la valoración de las ofertas económicas que evita que diferencias poco significativas en el precio se traduzcan en puntuaciones notoriamente desproporcionadas.
• Posibilidad de hacer la valoración de las propuestas en dos fases de forma eliminatoria, eliminando en un primer momento las que no lleguen a un umbral de calidad técnica suficiente; evitando que una mala propuesta de intervención pueda resultar adjudicataria por un bajo precio.
• Consideración como parámetro objetivo para valorar ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas la indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por categorías o grupos profesionales según el convenio laboral vigente, que tendrá que estar debidamente identificado en los documentos reguladores de la contratación.
• Compromiso de todas las partes para difundir el Código a todas las administraciones públicas catalanas para que pueda ser asumido como propio e ir extendiendo las buenas prácticas.
