Amplio acuerdo del Tercer Sector y otros agentes sociales para pedir mejoras en la contratación pública

Los representantes de La Confederación (Patronal del Tercer Sector Social de Cataluña), La Unión (Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales), ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales),ACESAP (Asociación Catalana de empresas de Servicios de Atención a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unión de Pequeñas y Medianas Residencias), ACELLEC (Asociación Catalana de empresas del Ocio, la Educación  y la Cultura), CCOO (Comisiones Obreras de Cataluña), UGT (Unión General de Trabajadores de Cataluña), la Sectorial de Acción Social, Enseñanza y Humanidades de La Intercolegial (Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña) y la Taula de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña han firmado este lunes Centro Cívico Patio Limón el Acuerdo para el impulso de la Mejora de la Contratación Pública de Servicios de Atención a las Personas.

A pesar de la dureza de la situación económica y las dificultades presupuestarias de las administraciones, con este Acuerdo el sector pretende garantizar la calidad de los servicios y de la ocupación que genera.  Por lo tanto, apelando a la  responsabilidad última de la Administración de garantizar la correcta ejecución de los servicios públicos y atendiendo a la vulnerabilidad de los colectivos a quien se dirigen esta tipología de servicios (niños, jóvenes, gente mayor, personas con discapacitado, colectivos con riesgo de exclusión social, entre otros), los firmantes exigen que los procesos de contratación pública velen para preservar la calidad y no queden supeditados fundamentalmente a criterios económicos.

El Acuerdo presenta pues los elementos que patronales, sindicados, collegis profesionales y Tercer Sector consideran fundamentales para preservar la calidad de los servicios de atención a las personas, entre los que destacan: la necesidad de garantizar la capacidad técnica suficiente de las empresas adjudicatarias, la necesidad de establecer el límite de baja en la oferta económica por debajo del cual no será posible desarrollar el servicio en las condiciones requeridas, la necesidad de velar por el respecto de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en base a la normativa laboral sectorial existente en cada caso, o la necesidad de asegurar mecanismos de control puesto-adjudicación que permitan comprobar que el servicio se está ejecutando según las condiciones fijadas en el contrato, entre otros.

En este sentido, Joan Segarra, portavoz del grupo promotor del Acuerdo y Vicepresidente de La Confederación ha manifestado que “Al amparo de las recientes aprobadas directivas europeas sobre contratación pública que constatan la importancia de esta tipología de servicios, y entendiendo que la responsabilidad última de garantizar la calidad de los servicios públicos recae en la Administración, desde el sector reclamamos a los órganos contratantes la voluntad y el compromiso político para avanzar en la mejora de la contratación pública en este ámbito”. Y en relación al conjunto de organizaciones firmantes, ha expresado que  “Nos une la convicción que preservar los servicios públicos de atención a las personas y la ocupación que genera este sector de actividad es sin duda un objetivo estratégico de país y, por lo tanto, es en este sentido que nos hemos propuesto unir esfuerzos para lograrlo”

El Acuerdo pretende ser un primer paso para avanzar conjuntamente hacia la mejora de la contratación pública de servicios de atención a las personas y es por este motivo que las organizaciones firmantes ya han hecho llegar el documento al Presidente de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de poder concertar próximamente un encuentro y solicitarle la constitución de una Taula de diálogo sobre la cuestión.