El Gobierno anuncia la creación de un fondo contra la pobreza energética

El Gobierno catalán presentó, en la última reunión de la ‘Taula sobre Pobreza Energética’ celebrada el 10 de diciembre, un acuerdo que garantiza que las familias más vulnerables no sean objeto de cortes en el suministro de gas y electricidad este invierno. El acuerdo con las empresas energéticas, que, según explicó el secretario de empresa y Competitividad, Pere Torres, entró en vigor el mismo día 10, no incluye la condonación de la deuda para las familias en circunstancias más difíciles, sino que los impagos serán a cargo de un fondo 50% público y 50% privado que se creará en los próximos meses.

El plan –explicó Torres– “está pensado estrictamente para las familias con pobreza energética que dispongan de un certificado de los servicios sociales”. Mientras tanto, las administraciones (Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) y las entidades sociales crearán una fundación que establecerá un fondo de 40 millones de euros, 50% público y 50% privado, que se hará cargo de los impagos a las empresas eléctricas de las personas vulnerables.

Torres recordó que en 2014 el Departamento de Bienestar y Familia ya aportó 5 millones de euros por paliar la pobreza energética y que podría hacer una nueva aportación por el 2015, todo y el carácter restrictivo del presupuesto. El secretario de empresa y Competitividad explicó que los ayuntamientos y, sobre todo, las diputaciones, se podrían hacer cargo del gordo de la aportación pública. En cuanto a la parte privada, todavía no hay ningún acuerdo firmado, pero Torres avanzó que las empresas podrían hacer donaciones en concepto de pobreza energética y los consumidores podrían hacer aportaciones solidarias a través de la factura del gas o de la luz.

Por otro lado, el pasado día 17 de diciembre el Parlamento aprobó una modificación del Código de Consumo que impide los cortes de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad. Tal como pasó con el decreto de pobreza energética del Parlamento, que fue tumbado por el Tribunal Constitucional (TC) a instancia del gobierno español, podría pasar que esta nueva norma fuera también recorrida. En cualquier caso –explicaban los asistentes a la reunión–, una eventual prohibición tardaría todavía unos meses a llegar y ya habría pasado el invierno, la época más delicada para las familias en situación de pobreza energética.