"Hay que hacer compatible la contención del gasto con la calidad de los servicios que reciben las personas”

1.- El pasado 27, 28 y 29 de noviembre las entidades sociales catalanas celebramos el IV Congreso del Tercer sector Social. En el Manifiesto final se denunciaban un conjunto de políticas que vulneran los derechos sociales de las personas. Como Síndic de Greuges, defensor de las personas, está de acuerdo con la regresión de derechos sociales que denuncia el Manifiesto?
En los informes en el Parlamento de los tres años anteriores el Síndic de Greuges ya ha llamado la atención sobre la evolución presupuestaria y sobre los riesgos de superar determinadas líneas rojas, que una vez traspasadas generan un fuerte impacto negativo especialmente a las personas más vulnerables, difícilmente reversibles a corto o mediano plazo. A pesar de no corresponda al Síndic posicionarse sobre la voluntad de reducción del gasto público, sí que tiene que exigir que esta decisión se adopte con plena valoración y expresión de sus efectos sobre el servicio público y, en consecuencia, también con plena consideración de la proporcionalidad entre el ahorro resultante y los efectos para los derechos individuales, y también de la distribución de estos efectos entre los diversos grupos de personas.

2.- Qué habría que hacer desde las Administraciones y la sociedad civil para dar respuesta a este incremento de las desigualdades y en el alto riesgo que haya un retroceso en los derechos sociales?
Desde el Síndic de Greuges se ha propuesto en varias ocasiones una reflexión conjunta entre poderes públicos y entidades sociales que permita definir los derechos sociales y su consolidación, y definir posteriormente aquellas políticas que velen por la cohesión social. Esta reflexión tendría que incluir una atención en los efectos sobre los colectivos más desfavorecidos, evitando la exclusión, que en todo caso es discriminatoria, y tendiendo a reforzar la protección.

3.- Estos días se han entregado miles de firmas para pedir una Renta de Ciudadanía al Parlamento. Cree que es viable este tipo de renta?
El Estatuto de autonomía de 2006 fue un paso más allá en la configuración de un régimen de provisión y presta una atención específica a las situaciones de pobreza. En este sentido, hay que destacar que el Estatuto, al regular los derechos en el ámbito de los servicios sociales, reconoce expresamente el derecho de las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que los asegure los mínimos de una vida digna (arte. 24.3). El reconocimiento de este derecho constituye un adelanto importante desde el punto de vista jurídico.
Es competencia de los poderes públicos elegidos democráticamente analizar el estudio de viabilidad de la propuesta de Renta de Ciudadanía presentada ante el Parlamento y su posible desarrollo normativo. Aun así, el Síndico ha recomendado la necesidad de desarrollar normativamente las previsiones que contiene el artículo 41 de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, para dotar de contenido y asegurar la efectividad del derecho de los niños a un nivel básico de bienestar, que los reconoce la Ley de infancia y la Convención de los derechos del niño, y que resta pendiente de despliegue. Este despliegue tiene que tender a mejorar las garantías de protección de los niños en situación de pobreza y de acceso a las diferentes oportunidades sociales, como derechos subjetivos.

4. -El Gobierno estudia como evitar que las compañías eléctricas interrumpan el servicio en los consumidores que se encuentran en situación de pobreza. Qué medidas cree que se tendrían que adoptar urgentemente para luchar contra la pobreza energética?
El Informe sobre la pobreza energética en Cataluña, presentado el pasado octubre en el Parlamento, proponía establecer una “tregua invernal” que determine la no-interrupción de los suministros por impagos durante el periodo invernal para las personas o unidades familiares con unos ingresos inferiores al IRSC (indicador de renta de suficiencia de Cataluña). Así, sugerimos que las empresas suministradoras lleguen a acuerdos con las personas afectadas porque puedan fraccionar durante el resto del año el pago de todas o de una parte de las facturas correspondientes al periodo invernal.
Por su parte, el Departamento de empresa y Ocupación ya ha hecho una propuesta de modificar el Código de Consumo para prohibir los cortes de luces, gas o agua a las familias con pocos recursos.

5.- Hace unas semanas, usted dirigía un informe a la Administración con un conjunto de recomendaciones relacionadas con los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos de gestión de servicios de atención a las personas. Con qué finalidad se ha hecho este informe?
La finalidad de este documento es aportar a las administraciones públicas que contratan servicios de atención a las personas algunos instrumentos que permitan garantizar la calidad de estos servicios en un contexto de gran restricción de recursos públicos.
Creemos que con respecto a los principios que rigen la contratación pública, hay que hacer compatible la contención del gasto con la calidad de los servicios que reciben las personas. Y es con este objetivo que se han hecho llegar a las administraciones públicas de Cataluña una serie de propuestas de buenas prácticas para incorporar en los procesos de contratación de estos servicios. En la elaboración de este documento hemos tenido en cuenta las consideraciones de organizaciones que agrupan entidades del tercer sector, y también iniciativas otras instituciones que se han elaborando o se están elaborando con la misma orientación.