Entrevista a Pepa Arqué, presidenta de FEPA

“Las políticas y servicios de emancipación para jóvenes *extutelats son claramente insuficientes"

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1.- Estamos pendientes de la nueva Ley de Protección Jurídica de la Infancia de ámbito estatal. Qué expectativas tenéis en esta nueva Ley por el qué hace a los jóvenes extutelados?

En el ámbito estatal, el anteproyecto de Ley de protección a la Infancia que se presentó al Consejo de Ministros en fecha 25 de abril de la corriente, contempla, por primera vez, medidas  en relación a los procesos de emancipación de los jóvenes que han sido previamente tutelados por la Administración Pública, cosa que significa un gran adelanto respeto el anterior que no lo mencionaba.

Que el anteproyecto de ley, contemple medidas en este ámbito reafirma la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para los jóvenes tutelados y extutelados, así como el trabajo para favorecer su autonomía.

Más en concreto, la inclusión en la Ley estatal de los artículos 11.4 y 22 bis supone un paso muy importante de cara a garantizar el despliegue de los programas de apoyo en el ámbito autonómico. El Mapa de Servicios de emancipación desarrollado por Fepa, y actualmente en proceso de actualización, puso de manifiesto la gran disparidad existente en las políticas territoriales en materia de jóvenes tutelados y extutelados en las diferentes Comunidades Autónomas.

Tan sólo en Cataluña hay reconocimiento legislativo, desde el año 2010, para la atención específica de jóvenes extutelados con la Ley autonómica de Derechos y Oportunidades de la Infancia y adolescencia, en buena parte resultado de una colaboración apretón desde hace muchos años con el área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelados (ASJTET) de la Generalitat de Cataluña.

La inclusión de medidas de apoyo a estos jóvenes supone dar continuidad a las acciones realizadas con menores y evita nuevas rupturas de procesos personales. Es básico poder finalizar los procesos iniciados con los y las jóvenes para que puedan acontecer personas autónomas.

La incorporación de medidas en el marco legislativo estatal es una demanda histórica y supone un paso fundamental para continuar avanzando en la tarea que las Entidades desarrollamos desde hace muchos años en beneficio de estos jóvenes, que no cuentan con el apoyo familiar y que están en procesos de emancipación. 

Es una muy buena noticia el reflejo a efectos legislativos que se está proponiendo desde la Dirección general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad que impulsa el establecimiento de medidas de apoyo.

2.- La legislación actual obliga a los jóvenes a contar con una oferta laboral de contratación a jornada completa y de un mínimo de un año de duración para poder conseguir un permiso de trabajo. Esta medida hace crónica, sin duda, la situación de exclusión social de estos jóvenes. ¿Qué proponéis en este sentido?

Esto hace referencia a los jóvenes ex tutelados de origen extranjero para la consecución de permisos de residencia y trabajo, en cuanto a que la legislación actual obliga a los jóvenes a contar con una oferta laboral de contratación a jornada completa y un mínimo de un año de duración para poder conseguir el permiso de trabajo.
Actualmente, teniendo en cuenta las elevadísimas tasas de paro juvenil resulta casi imposible disponer de una oferta laboral de estas características.
En este sentido, proponemos algunas modificaciones a la Ley 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y del Reglamento, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril en relación al trato para menores tutelados y los que ya tienen la mayoría de edad y, más concretamente, en relación a los artículos 19.1, 69.1, 72.8, 200.1 y 148.3.
Además, una de las propuestas en las que insistimos desde la Federación, es la de poder facilitar la realización de Prácticas en empresas durante un tiempo determinado, para que el empresario pueda conocer y comprobar la competencia del joven en el lugar de trabajo , lo que suponga la confianza suficiente para poder hacer los jóvenes una oferta y contratación laboral.

3.- ¿Son suficientes las políticas y servicios de emancipación para jóvenes ex tutelados en nuestro país? ¿Cómo funciona en otros países Europeos?

Como bien hemos dejado patente anteriormente, las políticas y servicios de emancipación para jóvenes ex tutelados en nuestro país son claramente insuficientes y me atrevería a decir prácticamente inexistentes en algún territorio.
En otros países europeos, hay que mirarse los casos por separado. Una experiencia que para nosotros es muy interesante es la de Inglaterra. Además, de las políticas desarrolladas y la incidencia sobre el avance de las mismas, implican participante a los jóvenes ex tutelados más allá del proceso personal, hacen investigación en el ámbito y ofrecen una atención fuerza integral a los jóvenes.

4.- Desde FEPA ha solicitado al incidir en la inclusión de los jóvenes ex tutelados en la enseñanza reglada obligatoria y postobligatoria como vía generadora de mejores oportunidades, situaciones y futuro laboral. Durante muchos años, se han fomentado los Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para colectivos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y, actualmente, el contexto de crisis hace más evidente las dificultades de acceso al trabajo ante el bajo nivel educativo. ¿Cómo se pueden recuperar estas carencias?

En el estudio, los itinerarios educativos de los jóvenes ex tutelados en Europa, llevado a cabo entre el 2007-2010 en cinco países europeos (Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Hungría y España), se destaca que un 31,7% de la población tutelada nacida en 1994 estaba al curso que le correspondía, cuando en la población general estaba en un 69,4% de.
Al mismo tiempo, existía un desfase escolar al llegar al sistema educativo y retrasos adicionales durante el período de tutela. Un 64,5% de adolescentes tutelados nacidos en 1994 estaban repitiendo algún curso, en cambio en la población general era de un 9,1%. Resaltaba también la formación a la que accedían, un 50% de jóvenes eran derivados a un PCPI, en población general un 4,4%.

Cabe destacar que el perfil de jóvenes que consiguen salir adelante son aquellos que:

- Tienen estabilidad y mantienen la escolarización.
- Cuentan con el apoyo institucional también a la salida.
- Han disfrutado de experiencias de cuidado satisfactorias de sus responsables.
- Tienen una red de apoyo positiva.
- Tienen una percepción de querer ser "normales" como la mayoría.

Por otra parte, un binomio de éxito es la combinación de apoyo a la educación y apoyo económico. El pasado mes de enero presentamos el estudio. La atención a jóvenes ex tutelados en Cataluña donde se comprueba la atención a 6.000 jóvenes en un período de 18 años donde se veía que una mayoría finalizaron el proceso tal como se tenía previsto y fue a vivir autónomamente un 47% y un 18 % fue a vivir con su familia. El apoyo en los procesos educativos conjuntamente al apoyo económico permite mejores resultados.
Es necesario, incidir en la inclusión de los jóvenes ex tutelados en la Enseñanza reglada obligatoria y post-obligatoria como vía generadora de mejores oportunidades, situaciones y futuro laboral.

5.- ¿Qué retos afrontáis hoy las entidades de FEPA en su gestión y financiación?

Algunos han apuntado en los apartados anteriores. Un gran reto consiste en poder garantizar las políticas y servicios de emancipación para jóvenes ex tutelados para todos los territorios del Estado. Se trata de hacer verdaderamente posible la igualdad de oportunidades y el trabajo para la cohesión social.
Hay que visualizar que los programas de apoyo más allá de los 18 años permiten rentabilizar socialmente la inversión realizada, en todos los sentidos, en la protección de menores de edad. Si no, los esfuerzos realizados pueden quedar totalmente carentes de efectividad al no darse una continuidad en los itinerarios. Por eso necesitamos mucho generar conocimiento mediante la investigación para evidenciar y poner de manifiesto el rendimiento y retorno social en la inversión en políticas públicas en este colectivo de jóvenes que tienen todo su futuro por delante.
En aquellos territorios que contamos con el compromiso, como es el caso de Cataluña que lo contempla por ley, se debe seguir garantizando el apoyo y al mismo tiempo pensar en cómo dar mejor cobertura a los jóvenes especialmente más allá de los 21 años y aquellos con discapacidad, enfermedades mentales o problemas de conducta, entre otros.
Las entidades deben contar con los recursos necesarios para poder llevar a la práctica los programas diseñados siempre actuando en transparencia y rendición de cuentas.

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