Impedir el debilitamiento de los servicios sociales
En un momento en que los municipios necesitan unos servicios sociales con más musculatura para atender el incremento imparable de necesidades sociales, la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el BOE el 30 de diciembre, se lo pone muy difícil.
El sistema público de Servicios Sociales en España, uno de los mayores logros de la política municipa , se ha caracterizado por su proximidad a los ciudadanos. Esta proximidad ha permitido detectar necesidades y poner en marcha mecanismos de prevención de la exclusión y la desigualdad que poco a poco han conseguido dejar atrás el modelo de beneficencia extendido durante la dictadura y construir proyectos comunes e inclusivos.
El traspaso de las principales competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas ya las Diputaciones Provinciales, si se consuma como prevé la nueva ley, traerá como consecuencia la desconexión, el alejamiento entre los ciudadanos y quienes trabajan para construir una sociedad más cohesionada. La distancia, además, dificultará la elaboración de políticas preventivas, favoreciendo el retorno del asistencialismo más rancio, que interviene sólo cuando la exclusión ya se ha producido y parece inamovible.
Resulta muy cuestionable el supuesto ahorro que se producirá después de esta "reorganización " de las competencias, y corremos el riesgo de que una parte importante del ahorro se traduzca en la desatención de determinados colectivos.
Cataluña está tramitando una ley propia que evite los efectos más perniciosos de esta ley aprobada por el parlamento español. Pero está por ver si logrará preservar y fortalecer los servicios sociales de los municipios, en un momento en que nuestro sistema de bienestar está tensionado como nunca.
